En las comarcas afectadas por el cierre de las explotaciones mineras de carbón existen numerosos pasivos ambientales sin restaurar. Los cierres que se produjeron en el año 2018 han empeorado la situación, al encontrarse las empresas que cierran dichas explotaciones en situación concursal o liquidación. Por esta razón, la gran mayoría de los trabajadores excedentes del carbón en España no han podido ser empleados en las actividades derivadas del cierre de las minas: procesos de restauración de las minas para mantener, por un lado, la seguridad de las explotaciones abandonadas; y por otro, garantizar que la inactividad no tiene efectos en el medio ambiente (por ejemplo, controlar el vertido de aguas acidificadas a los cauces de los ríos), y, finalmente, recuperar el paisaje en aquellos lugares en los que las explotaciones lo eran a cielo abierto.

Los cierres y la falta de restauración han provocado ya daños económicos y ambientales en algunos puntos específicos del territorio español que se han visto agravados al coincidir con la pandemia COVID. Sin embargo, la restauración de las minas como el desmantelamiento de instalaciones asociadas puede ser una oportunidad para la generación de nueva actividad y empleo a corto plazo.

Por ello, el Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o abandonadas y terrenos deteriorados se ha incluido en el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA que se financiará con el Instrumento Europeo de Recuperación. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, deben permitir, además de la recuperación de la economía tras la pandemia, un cambio del modelo productivo e impulsar transformaciones que permitan que nuestro modelo económico y social pueda hacer frente desde nuestras perspectivas a nuevos desafíos en el futuro.

Desde el Instituto para la Transición Justa, se está elaborando un Plan con una identificación preliminar de los proyectos a realizar y con el objetivo de priorizar la contratación de excedentes mineros. Este plan debe incorporar la evaluación de los instrumentos y el modelo de gobernanza que se han utilizado para este tipo de actuaciones desde el antiguo IRMC y los problemas encontrados los últimos años, para agilizar y dotar de mayor efectividad a la gestión de estos programas.

El Marco de actuación para la reforma propuesta y los programas de inversión en materia de Transición Justa que se incluyen en el FRR y donde se establecen compromisos para la realización de actuaciones de restauración ambientales es el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027.

Por otro lado. el cierre de centrales térmicas en ocasiones en los mismos territorios, puede requerir actuaciones de índole urbanístico que faciliten nuevos usos económicos y sociales, más allá de las obligaciones legales de las empresas relativas al cierre y desmantelamiento de las empresas.

Por todo ello, el Instituto para la Transición Justa está preparando una iniciativa normativa para la concesión de ayudas a las Comunidades Autónomas donde se encuentren situadas dichas zonas degradadas y espacios afectados. La aplicación a estas ayudas se realizará mediante un régimen de concesión directa, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, lo que se justifica por estar acreditadas razones de interés público, económico y eminentemente social.

Se trata de un plan incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financiará con el Instrumento Europeo de Recuperación. La situación en concurso de acreedores de muchas empresas, las dificultades y disparidad de criterios en la gestión concursal y la propia instrumentalización del programa del antiguo IRMC establecido por el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, que además requería la cofinanciación de las CCAAs, ha entorpecido y retrasado la puesta en marcha de estas actuaciones que se consideran esenciales. La nueva regulación establecerá los criterios y requisitos para la concesión directa de las ayudas a las CCAA donde se encuentren situadas en zonas degradadas y espacios afectados por el cierre de minas y de centrales agilizando y dotando de mayor efectividad a la gestión de estas actuaciones.

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